Foto: Nicoletto (que te meto) |
Ante la previsible aprobación de la polémica “Ley Sinde”, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando –como hicimos en el Manifiesto de 2 de Diciembre de 2009- nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.
En principio no parece de recibo que un Gobierno en funciones adopte esta decisión en su último o uno de sus últimos Consejos de Ministros. Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones ejercidas por EEUU, a través de su embajada en Madrid, como revelaron los cables de Wikileaks.
En todo caso insistimos en estos razonamientos:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Buenas,
ResponderEliminarAl principio esta ley puede que suene bien pero si rascamos un poco en el superficie, sale lo que realmente intentan hacer. Me parece que Gonzalez- Sinde se ha vendido a las grandes corporaciones.Van a patentar todo, nos harán pagar el patente y estas corporaciones van a ser dueños hasta de nuestros culitos.
Saludos
Nina
Lo heavy es que no existe un mecanismo por el que si todos los ciudadanos dicen NO, el gobierno tenga que aceptarlo. Me pueden decir misa con las elecciones y lo que quieran. Al igual que cuando compras o contratas un servicio (no tiene que ser de p#!@s) si no te dan lo que se acordo puedes reclamar, con los gobiernos lo mismo. No cumples, a la calle. Elecciones de nuevo sin esperar a los 4 años.
ResponderEliminarQue tiempos aquellos cuando nos dirigia una monarquia...Cuando querias cambiar les cortabas la cabeza y listo. Es viernes, estoy asilvestrao.
o te la cortaba a ti por traición a la corona!!:)
ResponderEliminarHola:
ResponderEliminarA mi,personalmente la política me parece muy ruin y patética, sobre todo en los tiempos actuales.
El afán es única y exclusivamente recaudador y enriquecedor para unas minorías y nada práctico por lo que tampoco voy a entrar en detalles.
¿La ley Sinde?...
Hace mucho tiempo que en mi círculo más personal decía que la SGAE como institución había dejado de ser para lo que fue creada. Yo lo llamaba chupadero general de autores y, ¡qué cosas! se destapó todo el tinglado.
En fin, huelgan más comentarios
Nina: no sé cómo puede sonar bien una ley que recorta las libertades individuales y que parte del presupuesto de la culpabilidad de todos. Es simplemente alucinante que un Gobierno "socialista" defienda la propiedad, sea la intelectual o del tipo que sea. Pero la ley, tal como se plantea, niega una realidad que muchos se han empeñado en no comprender. El cambio (por el avance de las tecnologías) es imparable. El discurso pasa por la adaptación de los creadores y los intermediarios a las necesidades de los clientes potenciales.
ResponderEliminarViejo artesano: Los mecanismos que regulan la forma de controlar al Gobierno exceden los propósitos de este artículo y, como decisión fundacional, los del propio blog. Si te diré que no estaría de más ir afilando hachas.
Nina: me callo por no provocar al verdugo.
Juan Angel: Lo de la SGAE es caso aparte. Ha sido un despropósito consentido que no tiene justificación posible. Pero lo de la ley Sinde excede cualquier recelo que se le pueda plantear a los que defienden el intervencionismo del Estado. Es, simplemente, abusiva.
Un saludo